Tras ratificar a la jueza Capuchetti en la causa que investiga el atentado contra CFK, la Cámara Federal porteña pone obstáculos para profundizar en la línea que lleva al diputado PRO Gerardo Milman, al tiempo que confirmó la excarcelación de Jonathan Morel en el expediente que comanda el juez Martínez de Giorgi. Por otra parte, las legisladoras porteñas Claudia Neira y Maia Daer pidieron indagar a la mujer que fue el nexo entre la vecina de Cristina y Revolución Federal.
La Sala M se suma al encubrimiento
La Sala I de la Cámara Federal porteña firmó una serie de fallos el pasado viernes pasado que parecen tener por objetivo el encubrimiento del atentado contra la democracia que sufrió Cristina Fernández de Kirchner cuando quisieron asesinarla el pasado 1 de septiembre.
En un fallo, el camarista Leopoldo Bruglia rechazó la recusación de CFK contra la jueza María Eugenia Capuchetti a pesar de las evidentes muestras de parcialidad que exhibió al descartar deliberadamente líneas de investigación y permitir numerosas irregularidades que ponen en riesgo las pruebas.
En otra resolución, la Sala I -que conforma Bruglia junto a sus colegas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi- instalaron una suerte de «carrera de obstáculos» para profundizar la investigación sobre el diputado PRO Gerardo Milman.
Bruglia protege a Capuchetti
Para el camarista de la Sala I, las críticas de CFK a Capuchetti:
“Se dirigen a manifestar su disconformidad –pueda ser acertada o no– con ciertas aristas relacionadas con el modo de llevar adelante la presente investigación, pero de ningún modo concreta una evidencia que demuestre la ausencia de imparcialidad invocada” (sic).
Bruglia afirma que las inconformidades sobre la investigación las tienen que resolver una por una, apelando las medidas de prueba o los rechazos a las mismas.
Esas apelaciones terminan en manos de los tres camaristas de la bautizada «Sala M» (por macrista).
Bruglia sabe que en una investigación de este tipo lo que suceda en las primeras horas es de vital importancia. Y sin embargo esta semana se cumplen 3 meses del intento de magnicidio, tiempo suficiente para la destrucción de pruebas clave.
Sin embargo, con Capuchetti instruyendo el expediente, ni siquiera es necesario dejar pasar tanto tiempo: la destrucción de pruebas inició en las primeras horas del caso.
Reforzando el blindaje para Milman
En un intento de desconectar el atentado con las terminales políticas que fueron surgiendo, la Cámara Federal porteña ordenó investigar la pista vinculada a Gerardo Milman, aunque imponiendo una serie de obstáculos previos y después de casi tres meses, tiempo más que suficiente para la destrucción de evidencia.
Para los abogados de la querella de la vicepresidenta la resolución «es una victoria en términos procesales«, porque las medidas que reclamaban se tendrán que hacer, pero saben que muy probablemente no tengan resultado algunos.
Sucede que los camaristas Llorens, Bruglia y Bertuzzi sugieren que primero le tomen una ampliación de su declaración al testigo que escuchó al diputado opositor decir «cuando la maten voy a estar camino a la costa«; luego que le tomen testimonial a otros dos diputados y recién después, si es muy necesario, que se secuestren y analicen los celulares de las asesoras que estaban con él cuando se supone que dijo la frase.
Los abogados de CFK apelaron la decisión de la jueza Capuchetti de no secuestrar los celulares de Ivana Bohdziewicz y Carolina Elizabeth Gómez Mónaco, las asesoras de Milman.
Al resolver la apelación, Llorens, Bruglia y Bertuzzi señalaron «la gravedad institucional del hecho investigado» y dijeron que por eso es «imperiosa la producción de todas aquellas diligencias probatorias que puedan resultar pertinentes y útiles para el descubrimiento de la verdad, sin escatimar esfuerzos y premura, aunque optando siempre por la alternativa que resulte menos lesiva para las garantías constitucionales en juego».
Por eso dicen que está bien lo que pide la querella, en cuanto a una investigación exhaustiva, pero que el secuestro de los celulares debe ser la última opción.
Entonces sugieren que declare el diputado Cleri quien, hace tiempo entregó una copia certificada por escribano de los chats que tuvo con el asesor suyo que escuchó a Milman. El diputado ofrecía su teléfono y lo que fuera, pero nunca fue citado por la jueza.
Otro testigo que dicen que debería declarar es el diputado Mario Leito (FdT) quien se habría encontrado en una mesa aledaña de la confitería Casablanca, donde fue el encuentro de Milman y sus asesoras, para verificar si escuchó a Milman referirse al atentado.
Según lo que resulte de todo esto, dice el tribunal, ahí habría que verificar si en los celulares hay alguna mención a los dichos del diputado amarillo.
El celular de Sabag
La Gendarmería Nacional entregó este viernes una pericia que grafica la inoperancia con la que Capuchetti se manejó en el expediente.
El estudio da las primeras explicaciones sobre la pérdida de los datos del celular clave, el de Fernando Sabag Montiel. El estudio deja en claro que la jueza no valoró que ese celular era una pieza clave.
La jueza federal había convocado a un técnico de la Policía Federal, que actuó de manera defectuosa y con un software que la pericia califica de “completamente desactualizado”.
El hombre de la Federal debió informar a la jueza que no se podía bajar el contenido del celular sin la contraseña. Por lo tanto, que se requería de un análisis previo, guardar el aparato en un sobre sellado y apto para que no se pueda acceder por redes sociales; esperar a usar otro equipo igual al de Sabag, un Samsung SM-A505G, analizar cuál era la herramienta de software adecuada para realizar el desbloqueo y aplicarla primero a ese equipo muletto.
Nada de eso se hizo y el celular se le entregó a la PSA en un sobre abierto sin la cadena de custodia correspondiente.
El aparato, ya muy manoseado, se reseteó cuando estuvo en poder de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Esto se sabe ya que la pericia fijó el horario de vaciamiento a las 00:19 del 3 de septiembre, cuando esa fuerza tenía posesión del teléfono.
La pericia señala que, aún en el apuro, las cosas se hicieron muy mal.
El manejo del celular exhibe lo que ha sido la causa hasta el momento: se trató -y se trata- la tentativa de homicidio de la vicepresidenta como si fuera un caso de un violencia barrial, y no un atentado contra el orden institucional democrático.
El hecho es que, si Bruglia hacía lugar a la recusación, hubiese sepultado la carrera judicial de Capuchetti, a quien debía pedírsele el juicio político a raíz de tamañas irregularidades.
Libertad para Morel y la lupa sobre Luján
Entre las varias resoluciones de la Sala M sobre el atentado, en el otro expediente de la causa, los camaristas rechazaron un recurso presentado por la vicepresidenta contra la excarcelación de Jonathan Morel, uno de los principales referentes de la agrupación de ultraderecha Revolución Federal.
El tribunal reconoció que si bien la apelación de la vicepresidenta fue presentada «dentro del plazo legal», Cristina Kirchner –pese a ser víctima de las conductas de los imputados- «carece de la facultad para hacerlo«.
«Dicha parte no encuentra legitimación legal para impugnar la decisión de este Tribunal en lo que refiere a cuestiones que hacen a la libertad del imputado, por lo que tal recurso se declarará inadmisible», dijeron los camaristas que suelen rechazar todo tipo de presentación que realiza Cristina.
A pesar de la actitud de Llorens, Bruglia y Bertuzzi, el juez que instruye la causa contra Revolución Federal (RF), Marcelo Martínez de Giorgi, profundiza su pesquisa.
Ahora, las legisladoras porteñas Claudia Neira y Maia Daer, que fueron aceptadas como querellantes por haber sido agredidas por esa agrupación.
Neira y Daer le solicitaron al juez que llame a prestar declaración indagatoria a Cristina Luján Romero, la mujer que fue el nexo entre la vecina de CFK, Ximena Tezanos Pinto, y RF.
Romero es una militante de derecha vinculada a la fuerza de Ricardo López Murphy –Republicanos Unidos– que tiene fotos en sus redes sociales junto a referentes opositores como Patricia Bullrich.
El requerimiento fue presentado en una causa conexa a la central en que se aborda el ataque a Neira y Daer, ocurrido el 4 julio pasado, y en el que participó Romero.
Romero es quien presentó a Tezanos Pinto a la abogada Gladys Egui, que vive con ella en el piso de arriba de la vicepresidenta.
Esa letrada representa legalmente por recomendación de Luján a referentes de los grupos de odio Revolución Federal: Leonardo Sosa y Gastón Guerra, que organizaron la marcha del 18A con antorchas contra la Casa Rosada en la que participó Brenda Uliarte, detenida en el caso del atentado a Cristina.
