“Mi sueldo ya no alcanza para pagar la prepaga. Es imposible. Pagaba $120.000 por mes y, la última factura, vino $410.000”. Denise Macchi es docente en una escuela privada de la localidad bonaerense de San Martín. Vive con Lucía, su hija de 7 años, que padece, desde nacimiento, un síndrome genético no especificado, que se caracteriza por parálisis en sus extremidades, dificultades para comer por sus propios medios, incapacidad para regular su temperatura corporal y un deterioro muscular que le ocasiona problemas respiratorios. Lucía es atendida todas las semanas por distintos especialistas y, además, tiene equipado su cuarto con aparatos, tubos y saturadores de oxígeno para prevenir cualquier inconveniente.
El aumento de la cobertura de salud le provocó una situación asfixiante. “Los dos primeros meses los pagué como pude pero, después, era comer o pagar la prepaga”. Denise lleva más de 10 años afiliada a Cobermed. Los últimos incrementos la llevaron a tocar las puertas de la Justicia Federal en la búsqueda de un amparo. “Yo no me quejo de los servicios sino de los aumentos”. La jueza federal en lo contencioso y administrativo San Martín, Martina Forns, ordenó a la prepaga que “se abstenga de aplicar los aumentos realizados al plan asistencial” habilitados por el decreto de necesidad y urgencia (DNU 70/23). Y, además, indicó que se “aplique un aumento de 8,5%” mensual.
El abogado Manuel Luaces, representa a afiliados perjudicados por los aumentos, explica que “para Lucía la prestación de Cobermed de los servicios de salud es indispensable para su mera supervivencia, y el aumento desmedido de la factura de servicio, amén de ser inconstitucional, pone en riesgo la posibilidad de continuar con una cobertura que es esencial para su existencia”.
Suena increíble, pero Denise sospecha que habrá represalias luego de su amparo en la Justicia. “Yo sé que es una guerra cuerpo a cuerpo y sé que del otro lado se van a poner hostiles, pero no tengo otra opción”. Denise sabe que si se queda sin cobertura de salud para ella y para su hija ninguna empresa de medicina prepaga querrá recibirla.
El 21 de diciembre de 2023 el gobierno de Javier Milei publicó el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/23 que derogaba dos artículos de la Ley de Medicina Prepaga (26.682). La modificación borraba de un plumazo el control gubernamental para garantizar la “razonabilidad de las cuotas de los planes” de las empresas privadas de salud. El rol de monitoreo estuvo, a lo largo de diez años, a cargo de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), dependiente del Ministerio de Salud de la Nación. El DNU eliminó la supervisión y dio luz verde a las prepagas para disponer incrementos sin objeción.
La decisión del Gobierno provocó múltiples reacciones de los afiliados. Un gran número acudió a los organismos de Defensa del Consumidor y un alto porcentaje, presentó amparos y pedidos de inconstitucionalidad contra el DNU en todas las jurisdicciones del país. Así, ya se dictaron medidas cautelares frenando aumentos en Chaco, Mendoza, Salta, Chubut, Rosario, Paraná, Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Solamente en el fuero Contencioso Administrativo Federal de San Martín se otorgaron 11 amparos para casos individuales donde se ordenó a las empresas de medicina privada que se abstengan de aplicar subas en las cuotas. Y, en algunos fallos, se dispuso que sólo “podrán recargar un 8,5% mensual”, aludiendo a una vieja normativa del 2022 del Ministerio de Salud del gobierno de Alberto Fernández.
Los amparos que pusieron límites a las subas alcanzaron a las empresas más pequeñas pero también a las de mayor cantidad de afiliados. Así hubo cautelares contra Swiss Medical, Galeno, Omnit, Medife, Hospital Italiano, Osde, Simeco y Medicus.
“Lo que se evalúa es si la persona es un adulto mayor o jubilado con enfermedades complejas o un menor con patologías severas que si se quedan sin cobertura por falta de pago ningún prestador va a aceptarlos. Se trata de garantizar su salud como derecho humano”, explica un magistrado federal de la provincia de Buenos Aires sobre el criterio que se adopta cuando intervienen en los amparos. El juez tiene por resolver 18 pedidos de amparos presentados en el último mes.
El deterioro en el poder adquisitivo sumado a los continuos aumentos de las prepagas atraviesa a todos los ciudadanos por igual. El conductor televisivo Samuel “Chiche” Gelblung presentó en febrero un amparo contra el Estado Nacional por la suba de la prestadora Swiss Medical. Según explicó su abogada Valeria Carreras, Chiche y su esposa tienen desde hace años esa cobertura médica y, en el último tiempo, “se le hizo difícil poder pagarla. Chiche siempre dice que esta decisión del Gobierno afecta a todos por igual”. En la reciente entrevista que Gelblung le hizo al Presidente para el canal de noticias Crónica se habló de los aumentos de las prepagas. Milei prometió: “Son de una vez y para siempre”.
El universo de personas con cobertura privada de salud es amplio. Según un informe oficial de la SSS, elaborado en agosto del año 2022, existen alrededor de 6.796.690 personas con prepaga. Se presume que el número no ha variado demasiado durante el año 2023. Aún se desconoce la cantidad de afiliados en todo el país que recurrió a la Justicia en la búsqueda de un alivio en las cuotas de sus coberturas.
Si bien aún ningún magistrado se expidió sobre la inconstitucionalidad de los dos artículos (267 y 269) del DNU que habilitó los aumentos excesivos, hay una demanda civil que amenaza con provocar un sismo en la industria de la salud si prospera. Se trata de un amparo colectivo presentado por el abogado Eduardo Wilson en el Juzgado Federal Civil y Comercial Nº3 de la Ciudad de Buenos Aires donde ya hay más de 200 afiliados a distintas prepagas que se fueron presentando pidiendo medidas cautelares por los aumentos y reclamando la inconstitucionalidad de los artículos del decreto del Gobierno. Esa demanda comienza a engordarse con pruebas y presentaciones pero todavía está en la Corte Suprema de Justicia, donde se trabó la competencia entre dos jueces. Si hubiese un fallo a favor de la presentación del abogado Wilson, el efecto se podría extender como una gigantesca sábana sobre todos los afiliados que suscribieron en esa demanda. Así, desde hace un tiempo, se largó una carrera en los tribunales por anotarse en amparos colectivos. Wilson cuestionó la inconstitucionalidad de los dos artículos del DNU que habilitaron los aumentos. Su planteo fue contra el Estado Nacional a diferencia del resto de las presentaciones que litigaron contra las prepagas.
Marta Cristina Brauchli tiene 78 años y está afiliada al Hospital Italiano. Cobra una jubilación cercana a los $230.000. Y también acudió a la Justicia Federal para obtener una medida cautelar. La mitad de su haber lo destina al pago de la cobertura médica. La cuota pasó de $96.173 durante el mes de diciembre a $135.605 en enero. “Atento a que la firme postura del Hospital Italiano no difiere del resto de las entidades de medicina prepagas es que no tengo otro remedio que recurrir a Vuestra Señoría”, escribió Marta en una carta dirigida a la jueza de San Martín.
Esta semana, el rechazo del DNU luego de la votación en el Senado alimentó las expectativas de los afiliados que tramitaron amparos en la Justicia. Según la ley 26.122, se necesita el rechazo de ambas cámaras (Diputados y Senadores) para la derogación total del DNU. Para el constitucionalista Andrés Gil Domínguez si el DNU “se rechaza en ambas cámaras las presentaciones judiciales quedarán abstractas”, sin embargo, considera que el rechazo votado por el Senado le otorga más herramientas a la Justicia para sospechar que puede haber “indicios vehementes» ó “indicios verosímiles” para expedirse en las futuras cautelares o la inconstitucionalidad del DNU. “Es un hecho nuevo y relevante”, explica Gil Domínguez.
¿Qué puede pasar con las tarifas ya cobradas por las prepagas si el DNU se cae por el rechazado por ambas cámaras? “El artículo 24 de la ley 26.122 otorga derechos adquiridos sobre la vigencia del DNU pero aquellas relaciones jurídicas donde el DNU produjo derechos adquiridos la parte perjudicada puede hacer un planteo sosteniendo que ese artículo de la ley es inconstitucional y que producto de estos esos derechos adquiridos perjudicaron a la persona y deben ser dejados sin efecto”, remata Gil Domínguez. En términos hipotéticos, si un planteo de esa características tuviese acogida en los tribunales podría obligar a las prepagas a devolver lo que ya cobraron. Una idea que evalúan varios abogados que litigan contra las empresas de salud.
Las empresas prestadoras de salud mantienen un silencio sepulcral. elDiarioAR se comunicó con tres prepagas de las más relevantes de la industria pero rechazaron hacer declaraciones públicas. Confiesan que siguen el derrotero de las demandas y lo que sucede con en el Congreso.
“Nos preocupa el rechazo al DNU”, cuenta un gerente general de una de las prepagas más conocidas que tiene dos cautelares frenando aumentos. La mayoría de la empresarios justifica los incrementos sobre la base de tres puntos: el atraso inflacionario durante la gestión de Alberto Fernández que permitía incrementos a cuenta gotas; la recomposición salarial de los médicos y especialista para eliminar en algunos casos “el copago” y, por último, el precio de los medicamentos que se encarecieron en casi un 45% desde el arribo del nuevo gobierno. Consultado un empresario de una prepaga sobre qué sucedería si se rechazara en ambas cámaras el DNU, responde: “No tiene efecto retroactivo. Lo que está, ya está”.
RA/DTC
