El gobierno nacional, durante los últimos días, mandó a algunos gobernadores un word de 115 páginas titulado «Proyecto ley medidas fiscales», que acompañaría a la nueva Ley Ómnibus y que sería enviado al Congreso de la Nación desde el Poder Ejecutivo durante las próximas semanas. El documento todavía está en proceso de análisis por parte de los mandatarios provinciales, pero de entrada a varios de ellos les llamó la atención un dato: en los detalles del archivo aparece que el documento fue guardado por Kusa Liban Ángel, uno de los socios del estudio de abogados fundado entre otros por Daniel Funes de Rioja, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA).
«Es tremendo. Después piden diálogo y consenso, pero trabajan las medidas fiscales con estudios jurídicos privados. Está todo hecho a pedido de la UIA y de las cinco o seis empresas más grandes del país. Es claro a quiénes responde este gobierno, el tema es que ya no tienen tapujos. Eso es lo que opinamos varios gobernadores», expresó un gobernador en conversación con Página/12 sobre el tema.
Según revelaron distintas investigaciones periodísticas, Kusa es abogado especializado en impuestos y litigios tributarios y uno de los tres abogados del estudio Bruchou & Funes de Rioja, que visitaron la Casa Rosada entre diciembre del año pasado y enero de este. Eso indicaría que los proyectos que presenta el gobierno nacional y los DNU son escritos no por los funcionarios, sino por sectores del ámbito privado que, por supuesto, tienen distintos intereses políticos y económicos.
En Casa Rosada, después de que se conociera la noticia que publicó Cenital acerca de que el documento había sido modificado por Kusa, decían que estaban trabajando con los equipos técnicos de cada uno de los gobiernos provinciales –con los ministros de Economía y con los ministros de gobierno– y agregaban que hay «mucha confianza de que la ley salga».
«Hay trabajo previo, consenso, se habló con los gobernadores, con los jefes de bloque», enumeraban en Balcarce 50 y decían que «hay feedback». Además, desde el oficialismo confían que la ley se presentará en el Congreso a mediados de abril, luego de Semana Santa. «No nos volvemos a juntar con los gobernadores porque no es tan fácil juntarlos a todos», repetían.
Desde los gobiernos provinciales, sin embargo, no opinan lo mismo. «Debe ser con otras provincias. Con las patagónicas no», respondió uno de los gobernadores de esa región sobre el tema. En esa línea, desde otra provincia añadieron: «Están re complicadas las negociaciones. Nadie está convencido de nada», y suman que lo que se conoció hoy (por ayer) sobre la intervención de estudios jurídicos privados en la escritura de los proyectos que les envían desde el gobierno «no ayuda para nada».
Por otra parte, agregan que «hay que terminar de ver el texto que nos enviaron. Lo estamos analizando». Otros gobernadores son más tajantes y directamente dicen que lo que se dio a conocer este martes «es una vergüenza». El martes a la noche el texto aún no le había llegado a varios mandatarios provinciales.
El borrador, bajo la lupa
Lo que sí habían recibido todos los gobernadores fueron tres páginas que el ministro del Interior Guillermo Francos y el jefe de Gabinete Nicolás Posse les habían entregado el viernes 8 de marzo en la reunión que sostuvieron con ellos en Casa Rosada. Allí les adelantaron que volverían a insistir con la ley ómnibus (incluídas las privatizaciones de 13 empresas públicas) y también con un nuevo paquete fiscal que incluye la vuelta del impuesto a las ganancias.
En las provincias patagónicas, por ejemplo, dicen que los gobernadores están muy «preocupados y ocupados en que no se toque la arquitectura jurídica institucional energética». Están viendo con lupa los apartados del proyecto de Ley Ómnibus vinculados al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) porque consideran que se puede llegar a afectar el dominio y la jurisdicción de los recursos.
Sobre Kusa, que es el que modificó el borrador del proyecto que fue enviado a algunos gobernadores, los periodistas Ari Lijalad y Franco Mizarahi revelaron que él había ingresado a Casa Rosada el 10 de enero pasado, un día después de que ingresara la Ley Ómnibus al Congreso, y que, por más que el abogado aparece en los registros como asesor del Ministro de Justicia, no figura en las planillas de esa dependencia ni tiene designación alguna en Boletín Oficial.
Daniel Funes de Rioja, presidente de la UIA, es uno de los fundadores del estudio jurídico al que pertenece Kusa. Este medio intentó comunicarse con él por si quería aclarar algún aspecto vinculado a las revelaciones periodísticas y a la vinculación del estudio jurídico con el gobierno, pero no hubo ningún tipo de respuesta.
Kusa fue uno de los abogados de estudios jurídicos privados que entró por esos días a la casa de gobierno y a la Quinta de Olivos, pero no el único. Ese es un signo de que los proyectos que el gobierno envía al Congreso, y también los DNU, son armados por el sector privado y abogados que no se desempeñan como funcionarios públicos. Las modificaciones que hizo Kusa del documento que le llegó a los gobernadores con el nuevo «paquete fiscal» corroborarían esa teoría.
