Hasta hace pocos meses, nadie sospechaba que acompañar al oficialismo de Javier Milei en el Congreso terminaría en la intervención del Partido Justicialista. Sobre todo, si la conducción l es Cristina Fernández de Kirchner. Estaba cantado: la decisión del justicialismo salteño de alinearse con el gobierno libertario tenía un costo político.
Perfil Facebook: Roberto Chuchuy
El Consejo Nacional del PJ realizó su primera reunión en una fecha emblemática: el 24 de febrero, cuando se cumplieron 79 años del triunfo electoral de Juan Domingo Perón en 1946, con el Partido Laborista y el movimiento sindical organizado, conducido entonces por el dirigente de la carne Cipriano Reyes.
No había dudas de que Cristina Fernández reaccionaría ante el gobernador de Salta, quien en reiteradas ocasiones expresó que “Cristina es mi límite”. Sin embargo, esto no sería más que una anécdota si no fuera por la actitud de los tres legisladores salteños que pertenecían al PJ, y Yolanda Vega.. que no lo es.
Desde que fueron electos, se convirtieron en alumnos disciplinados de la política parlamentaria del gobierno de los hermanos Milei, mientras que el gobierno provincial continuó con su postura dialoguista, bajo la consigna de “siempre hay que conseguir obras públicas para Salta.
La idea de Cristina Fernández de Kirchner de armar listas con “leales al proyecto nacional y popular” chocaba directamente con los intereses del gobernador Gustavo Sáenz y de los dirigentes del justicialismo salteño, conducidos por Esteban «Tuty» Amat.
Desde hace varios años, gran parte del PJ salteño ha sido cooptado por Sáenz y su ministro Ricardo Villada, alejándose cada vez más de la política electoral del kirchnerismo. Los tres diputados nacionales mencionados apoyaron con sus votos todas las iniciativas del gobierno de Javier Milei.
Pamela Calletti, quien tenía la promesa oficial de ser reelegida, inició su mandato en 2021 por el Frente de Todos. En tanto, Outes y Vega (de origen macrista) fueron electos en 2023 bajo el sello de Unión por la Patria. Sin embargo, una vez asumidos como diputados nacionales, decidieron abandonar el bloque del peronismo y conformaron, junto a legisladores de Misiones, el bloque Innovación Federal. Este grupo, que representa a los gobernadores de Salta y Misiones, se convirtió en una herramienta de negociación con la Casa Rosada. En contraste, al PJ de Jujuy, que también fue intervenido, le extendieron el mandato de sus autoridades.
La intervención del PJ salteño es el resultado del uso del poder de gobierno para cooptar el partido y a sus principales dirigentes locales. Creer que esto no tendría consecuencias con el retorno de Cristina a la conducción nacional del justicialismo fue, al menos,pecar de ingenuo.
El Pj conducido Esteban «Tuty» Amat y una comitiva de dirigentes intentaron un acercamiento con la ex mandataria tras un promocionado viaje a Buenos Aires. Soledad Troyano y tres dirigentes de menor peso político buscaron reunirse con ella para explicarle que todo era una gran “confusión” y que seguían siendo leales al peronismo. Cristina, sin embargo, se negó a recibirlos.
Por otro lado, tampoco ayudó la sumisión del saencismo a La Libertad Avanza y su consecuente apoyo irrestricto a Javier Milei. En este contexto, el senador nacional Juan Carlos Romero se posiciona como uno de los más fieles servidores del gobierno libertario.
Ahora habrá que esperar para ver quién asume la intervención y cómo se configura el partido de cara a los próximos comicios, tanto provinciales como nacionales. Dentro del PJ salteño, dos legisladores nacionales lograron el beneplácito de Cristina: el actual diputado nacional Sergio Leavy, cuyo mayor mérito fue su lealtad incondicional y disciplina partidaria, y Emiliano Estrada, quien queda en una inmejorable posición política como único opositor al gobierno provincial.
Se estima que esta intervención podría extenderse hasta después de las elecciones legislativas del tercer domingo de octubre de 2025.
Esta movida partidaria tendrá graves consecuencias económicas para algunos sectores. Un rumor que circula con fuerza sostiene que muchos congresales y concejales del PJ intervenido recibían beneficios a través de un sistema llamado “Agrupamiento Político”. Si esto se confirma, quedaría en evidencia lo que muchos señalan como una estafa al electorado salteño.
El futuro del justicialismo en Salta dependerá del próximo interventor y de cómo se reorganice el partido en el nuevo escenario político
