Burford Capital, principal beneficiaria del juicio por la expropiación de YPF, presentó un escrito ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York con una dura crítica al gobierno de Estados Unidos, que se había sumado a la causa como “amicus curiae” en apoyo a Argentina. La firma inglesa, que cotiza en Londres y Wall Street, solicitó que se rechace la intervención estadounidense en el proceso, calificando su participación como “sumamente inusual” y basada en “premisas erróneas” que no aportan sustancia al caso.

Según fuentes cercanas al litigio, el apoyo del gobierno de EEUU no representa la postura oficial de su política exterior, sino la de “funcionarios de bajo rango” ajenos a la estrategia diplomática, que en otras ocasiones han respaldado a Burford y defendido la aplicación de la inmunidad soberana con límites para Estados extranjeros en tribunales estadounidenses.

El tribunal de apelaciones debe decidir esta semana si suspende la orden de la jueza Loretta Preska, que dictaminó entregar el 51% de las acciones de YPF que controla el Estado argentino como parte del pago de una condena que ya supera los 16.000 millones de dólares. Burford sostiene que la intervención del Departamento de Justicia estadounidense generó “efectos adversos” a nivel local “ya que la prensa y los funcionarios públicos argentinos han interpretado el escrito del gobierno como una señal de que Argentina nunca tendrá que pagar la sentencia”.

El bufete acusó al gobierno estadounidense de “prisa y desconocimiento” en su escrito, lamentando que no respondieran a sus solicitudes de reunión para aclarar malentendidos y reiteró que su intención es cobrar la suma total de la condena, que ya supera los 17.500 millones con intereses, o al menos negociar un acuerdo. “Es difícil comprender cómo la Casa Blanca beneficia sus objetivos internacionales alentando a otros países a ignorar fallos judiciales federales y perjudicar a inversores”, afirmó Burford.

En el escrito presentado por el Departamento de Justicia, firmado por funcionarios de alto rango, se defendió la inmunidad soberana de Argentina y se pidió respetar la normativa estadounidense, advirtiendo que la entrega de las acciones podría causar un daño irreparable al país en caso de que prevalezca en la apelación. También señalaron que exigir una fianza podría exponer activos argentinos en EEUU a embargo.

La presentación de la Procuración

La Procuración del Tesoro de la Nación está trabajando en la presentación del martes 22 de julio, que intentará convencer a la Justicia de los Estados Unidos de frenar la ejecución de la sentencia que ordena a la Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF que están en manos del Estado nacional a Burford Capital y a Eton Park.

La suspensión del fallo que ordena la entrega de las acciones de YPF por parte del Estado argentino podría mantenerse vigente hasta que se fije una nueva audiencia, la cual podría demorarse hasta el año próximo. En caso de que la Corte de Apelaciones rechace esta suspensión, aún quedaría abierta la posibilidad de apelar ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

Según fuentes consultadas por A24.com, los abogados de la defensa argentina mantuvieron contacto continuo durante el fin de semana, no solo para preparar la mejor estrategia legal, sino también para diseñar planes alternativos que contemplen todos los posibles escenarios futuros en este prolongado litigio.

En la Procuración del Tesoro consideran el caso YPF como uno de los mayores desafíos jurídicos que enfrenta Argentina, dejando de lado las responsabilidades políticas o penales internas. Destacan que la parte demandada es la República Argentina en su conjunto, sin importar qué administración de gobierno haya llevado adelante las acciones que dieron origen a la causa.

Hace 20 días, la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Manhattan, dictaminó que el país debía entregar las acciones de la petrolera en manos estatales a los beneficiarios del fallo por la expropiación y a los bonistas que no participaron en la reestructuración de deuda de 2016.

La defensa consiguió que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito suspenda temporalmente la ejecución de ese fallo, evitando así un posible desacato que hubiese provocado un daño económico irreparable para Argentina, aunque ese riesgo aún persiste.

Otro dato alentador para la defensa fue la formalización del respaldo del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que solicitó ser aceptado como amicus curiae en el caso YPF. En su presentación, el gobierno estadounidense sostuvo que la suspensión de la ejecución “no perjudicará a los demandantes” y remarcó que “Argentina ha señalado que conserva sus acciones en YPF y no puede venderlas sin autorización legislativa”.

El gobierno argentino presentó este apoyo oficial —otorgado durante la gestión de Donald Trump— como un logro para la administración de Javier Milei, especialmente porque en 2019 la Corte Suprema estadounidense había solicitado la opinión del Departamento de Justicia sobre la inmunidad invocada por Argentina y en esa oportunidad el dictamen había sido adverso al país.

Sin embargo, el fondo Burford Capital, principal beneficiario del juicio, se opuso a la suspensión del fallo de Preska y confirmó que no pretende retener las acciones de YPF. Como alternativa, propuso que el Estado argentino deposite una garantía equivalente al monto reclamado, que asciende a 16.000 millones de dólares.