«¡Feliz día para todas! ¡Especialmente para las delincuentes!», escribió el 8 de marzo de 2021 el juez de la Cámara Federal de Casación Penal Juan Carlos Gemignani en un chat compartido con colegas de ese tribunal donde dedicaba la frase a sus compañeras, como la fecha lo indica, en el Día Internacional de la Mujer. Dos de ellas –Ana María Figueroa y Ángela Ledesma– lo denunciaron ante el presidente de ese cuerpo y en el Consejo de la Magistratura se inició una investigación que al cumplir tres años estaba por caducar. Este miércoles, en la previa de un nuevo 8M, se puso en discusión en el plenario el dictamen de la Comisión de Disciplina que proponía sancionarlo con una multa del 30 por ciento de su sueldo por única vez. Pero ni siquiera esa medida mínima consiguió los dos tercios de los votos de consejeros y consejeras, de modo que el caso pasó al archivo. Parece un reflejo de las políticas regresivas del gobierno de Javier Milei en relación a los derechos de las mujeres, géneros y diversidades.
Historial del casador
Gemignani ya tenía un conocido antecedente violento: En 2016 metió presa a una secretaria de Casación, María Amelia Expucci, quien se había negado a acatar una orden suya –él no era su jefe– durante la feria judicial. El casador la dejó detenida e incomunicada en una dependencia de Comodoro Py durante dos horas. Lo que le exigía era que hiciera un inventario de materiales enviados para el tribunal por el Ministerio de Planificación, que estaba a cargo de Julio De Vido. Lo que quería era involucrar a su excolega Figueroa en alguna inexistente irregularidad, como si fuera una dádiva. Por ese episodio, cuyo debate como es habitual se dilató, el juez sí fue sancionado por el Consejo de la Magistratura con la quita del 30 por ciento de su salario (una sola vez), que la Corte Suprema dejó firme a fines de septiembre del año pasado.
Gemigani está de licencia desde el 1º de septiembre del año pasado hasta el 31 de julio de este año, avalada por Casación y por la Corte. Dijo que se iba a España «a realizar una investigación en el Seminario de Derecho Penal del Instituto Universitario Ortega-Marañón de Madrid». El permiso es sin goce de sueldo. Ahora la premian con el voto en rechazo de una sanción de parte de radicales, parte del PRO y la mayoría de los jueces que integran el Consejo, organismo encargado de elegir y sancionar a jueces/zas. En la Casación, el reclamo de dos juezas jamás fue escuchado. No se tomó medida alguna.
El mensaje del 8M de 2021 completo decía así: «¡Feliz día para todas! Especialmente para las delincuentes! ¡Solo se alcanzará la igualdad cuando se les reconozca el derecho a delinquir! ¡Y también entonces sean pertinentemente penadas! Mientras tanto poniéndolas en evidencia. ¡Gran abrazo! ¡Hasta que la igualdad nos es solo relato! (sic)». La denuncia en el Consejo la hizo Diego Molea, que era uno de sus integrantes de entonces, como representante de los académicos. Molea sostuvo que era «un claro supuesto de violencia contra la mujer», en función de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belem Do Pará) y de la ley 26.485 de protección integral a las mujeres, además de revelar la «carencia absoluta de perspectiva de género del mencionado magistrado, en clara contraposición con nuestra Constitución Nacional» y «las leyes vigentes». Se habían presentado también la Unión de Empleados de la Justicia (como lo hizo en el caso de la secretaria presa) y la organización ANDHES (Abogadas y Abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales), entre otros.
Finalmente llegó al plenario un dictamen del consejero Héctor Recalde con respaldo de la Comisión de Disciplina del organismo, que proponía la multa. Invocaba las normas de protección de las mujeres y advertía, además, que Gemignani no hizo «el curso de capacitación obligatoria en materia de género y violencia contra las mujeres, previsto en el artículo 1º de la Ley 227499 (Ley Micaela)». «Los hechos acreditados –agregaba– dan cuenta de un profundo desconocimiento en materia de género por parte del magistrado denunciado». Durante el trámite del expediente no sólo se analizó el mensaje a sus colegas. Se incluyó el maltrato a otra de las juezas, ahora jubilada, Liliana Catucci, a quien en marzo de 2019 echó de una reunión: la acusaba de estar en connivencia con la policía y furioso porque no se había designado a una funcionaria cercana a él. Un tema adicional: había recusado a la fiscala Paloma Ochoa por haber participado en una actividad del edificio de Comodoro Py de «Ni una Menos», en octubre de 2016.
El increíble debate
Jimena de la Torre, con raíces en el PRO, sorprendió al minimizar el tema: «Como mujer yo voy a votar por el rechazo de esto porque como mujer me gusta que me traten cómo igual y en ese chat no veo una discriminación ni un problema de género». Se le sumó en una extraña tónica, también por rechazar la sanción, la diputada radical Roxana Reyes: «Voy a votar por la negativa, y también como mujer totalmente comprometida con las cuestiones de género y recordando que Micaela fue asesinada y que no debemos banalizar las cuestiones de género, que hay mujeres que la sufren y que se ven realmente afectadas por ella y que la ley Micaela tiene ese contenido dentro de las cuestiones que permite capacitar voy a votar por la negativa». La diputada de Unión por la Patria, Vanesa Siley, dijo que precisamente por los fundamentos de Reyes votaba por la sanción contra Gemignani.
La consejera María Fernanda Vázquez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lomas de Zamora, fue enfática en cuestionar las «expresiones misóginas del juez». «Tienen que ser rechazadas, repudiadas, no pueden ser naturalizadas bajo ningún punto de vista, ni que nosotros cómo Consejo de la Magistratura hagamos la mirada a un costado de estas expresiones, ¿Qué vamos a decir el 8M? ¿Qué va a publicar este cuerpo cuando hablemos de las problemáticas de la mujer si cuando tuvimos que tratar un expediente de un magistrado por expresiones misóginas no nos pudimos poner de acuerdo en rechazarlo por unanimidad? Hay personas que debemos tener un estándar más alto para nuestras conductas, en público y en privado, las conductas de un magistrado que ocupa un lugar en la Cámara de Casación que es uno de los espacios de mayor relevancia de nuestro sistema judicial agravan el hecho que estamos tratando hoy».
El senador Luis Juez (Juntos por el Cambio), que estrena cargo después de su batalla judicial por entrar al consejo, dijo que no tenía pensado hablar pero que Vázquez lo había inspirado. «No es la mejor forma de debutar en este Consejo de la Magistratura y pensaba que mi primera participación era por otro tema. Me veo en la obligación de decir que no entiendo cómo no tenemos unanimidad en esto, está hablando una persona que siempre se va al pasto cuando hace una declaración. ¿Qué no alcanzan a ver en la conducta de este magistrado? ¿Qué impide ver que se ha extralimitado, ha ofendido, ha injuriado, agraviado este juez? Yo también soy juez, sólo de apellido nada más y me gusta que los magistrados tengan una conducta superior a la normal, que haga que uno se sorprenda sobre los jueces de la Nación y esa es una tarea toda nuestra». Y aún si la sanción hubiese sido aprobada, acotó, «parece el sketch de Calabró donde después que destruía el supermercado le tiraba de la oreja porque la sanción es insignificante». Insistió: «Estas inconductas no las podemos dejar pasar».
Horacio Rosatti, presidente del Consejo y de la Corte, ofreció otro de los comentarios inesperados al votar por sancionar al juez de Casación. «No podría votar porque luego lo puedo ver en la Corte, pero voy a votar y quiero dar testimonio hoy y dar compromiso del trabajo que venimos dando en este cuerpo en el último tiempo» .
Los votos para aplicar la sanción fueron once, pero ese número no llegaba a los dos tercios necesarios (de 13 votos) para hacerla efectiva. Ese grupo incluyó a: los senadores de UxP, Mariano Recalde y María Inés Pilatti Vergara, los diputados de esa fuerza, Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade, el abogado Héctor Recalde y Vázquez, el senador Juez, los jueces Rosatti y Alberto Lugones y los académicos Hugo Galderisi y Guillermo Tamarit. El resultado es un pésimo precedente y un signo más de regresión en el terreno de los derechos de las mujeres.
